Las medidas TIC propuestas en el Plan de Medidas Alternativas de FEDECA ante la crisis

Se detallan a continuación las medidas TIC propuestas en el Plan de Medidas Alternativas de FEDECA ante la crisis:

7º- MEDIDAS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1º DIGITALIZACION INCREMENTAL DE LA RELACION ENTRE SOCIEDAD Y ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO:

La Ley 11/2007 establece en su artículo 27.6 que “Reglamentariamente, las
Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas
utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas
jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o
técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso
y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos”. La precaución legislativa ante la
posibilidad de establecer el canal electrónico como obligatorio tenía sentido en el entorno
de desarrollo de la Ley, en el cual tan sólo el 90% de las empresas y 39% de los hogares
disponían de conexión de banda ancha a Internet.

La progresiva incorporación en empresas y hogares españoles de los medios de acceso a la Sociedad de la Información, que actualmente disponen, respectivamente, en un 98% y 62% de conectividad a banda ancha, permite establecer objetivos para la plena digitalización de la relación entre Sociedad y Administración. Medidas similares están estableciéndose en nuestro entorno, como el programa del Reino Unido “Digital by Default” con el objetivo de hacer en 2015 los servicios de la Administración plenamente digitales.

DESCRIPCION:

Modificación de las disposiciones de la Ley 11/2007 para permitir la digitalización
discrecional de los trámites y servicios a las Administraciones Públicas. La modificación
incluiría plazos para que las Administraciones puedan ejercer dicha discrecionalidad,
dentro del ámbito de las empresas el 31/12/2013 y para los servicios y trámites a
ciudadanos el 31/12/2015.

Las fechas indicadas anteriormente serían también los límites temporales para que
Comunidades Autónomas y Entidades Locales tuvieran digitalizados sus servicios. En dicha digitalización, la Administración General del Estado apoyaría las otras Administraciones mediante facilitando el acceso a los servicios compartidos prestados por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.

IMPACTO ECONOMICO:

La digitalización incremental de las relaciones entre Sociedad y Administración conlleva
beneficios económicos para ambos actores. De acuerdo con la “Guía de Análisis de
Impacto Normativo”, el diferencial de coste de realizar un trámite presencial con la
Administración para un ciudadano es de 75 € (93% de ahorro). Ello ha llevado a estimar los ahorros para la Sociedad de una tramitación completa de los 20 servicios más destacados de la Administración General del Estado en más de 3.500 millones de Euros anuales. De modo dual, la tramitación electrónica supone ahorros para la Administración. Aunque no existen estimaciones de este ahorro realizadas por la Administración Española, gobiernos de otros países estiman que produce ahorros entorno al 96% por transacción.

2º.- IMPLANTACIÓN OBLIGATORIA DE LA ADQUISICION ELECTRÓNICA EN ADMINISTRACION PÚBLICA

DIAGNOSTICO:

Las Administraciones Públicas, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea,
son responsables de adquirir bienes y servicios por un valor entre el 15% y 20% del PIB. El
uso de la adquisición electrónica en Administraciones Públicas reporta, según la misma
fuente, unos ahorros entre el 5% y 20% del valor de las compras.

De acuerdo con los últimos datos facilitados por el INE, apenas el 14,8% de las empresas
acceden a información de licitaciones públicas a través de Internet y tan sólo el 4,3% ha
presentado una respuesta a licitación por ese medio a una Administración Pública. Esta
situación mejora, aunque sin alcanzar niveles significativos, en las empresas del sector de
las Tecnologías de la Información, dónde los indicadores alcanzan, respectivamente, el
28,6% y 11,9%. Dado que el 97% de las empresas según datos del INE disponen de conexión a Internet, en un 98% de banda ancha, existe claramente el potencial de un
mayor uso del servicio de licitación electrónica.

Por su parte, en las Administraciones Públicas, existe un grado de disponibilidad de la
licitación electrónica del 100% en la Administración General del Estado a través de la
Plataforma de Contratación del Estado. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector
Público, dicha plataforma es de uso obligado para publicación de licitaciones y resultados
de todos los Ministerios y organismos públicos de la Administración General del Estado,
estando a disposición de todos los órganos de contratación del sector público.

DESCRIPCION:

Dada la implantación de la banda ancha entre las empresas, es susceptible de aplicación
las previsiones de la Ley 11/2007 que permiten establecer la obligatoriedad del uso de
medios electrónicos para un procedimiento, en este caso de las licitaciones de
Administraciones Públicas. Para dicha obligatoriedad, se establecería un periodo máximo
de un año de adaptación para las Administraciones Públicas, acortando el plazo
establecido por la Comisión Europea para 2016. En dicho plazo se completarían los
desarrollos necesarios en la Plataforma de Contratación del Estado para hacer posible que
todo el ciclo de vida de las adquisiciones públicas se desarrollará por medios electrónicos,
quedando a disposición de todos los órganos de contratación del sector público para
facilitar el cumplimiento de la obligación.

IMPACTO ECONOMICO:

Considerando las estimaciones económicas más bajas de las horquillas dadas por la Unión
Europea aplicadas al PIB de España en 2011 facilitado por Eurostat, las Administraciones
Públicas hacen adquisiciones de bienes y servicios por un valor aproximado de 161.007,4
millones de Euros anuales. El ahorro de aplicar los medios electrónicos a las adquisiciones
de estos bienes y servicios sería entre 8.050,37 millones de Euros y 32.201,48 millones de
Euros.

3ª.- OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

DIAGNOSTICO:
La información del sector público ha sido calificada como el petróleo del siglo XXI. Dentro
de su actividad cotidiana, las Administraciones y organismos públicos recopilan, producen, reproducen y custodian información y datos, cuya reutilización por el sector privado e internamente por la propia Administración pueden reportar beneficios y actividad económica.

Existen al mismo tiempo otras fuentes de información masiva disponibles cuya utilización
por el sector público, en combinación con la información disponible, puede facilitar la
consecución de los objetivos ligados al interés general. La información generada por la
actividad de los ciudadanos en las redes sociales, es un ejemplo cercano.

Para realizar una explotación óptima de la información en el sector público es necesario

  • Facilitar una explotación armonizada de los datos del sector público de todos los niveles administrativos
  • Establecer los medios procedimentales, legales y técnicos que habiliten la explotación
    colectiva por todas las Administraciones de su stock de información

DESCRIPCION:

A pesar del potencial económico de la información del sector público, su valor sigue sin ser
explotado en todas sus dimensiones. Instrumentos legislativos como la Ley 37/2007 y el
Real Decreto 1495/2011, impulsan esta explotación por el sector privado dotando de
garantía jurídica a la reutilización de la información del sector público estatal. Existe sin
embargo pendiente el reto de dotar de uniformidad al mercado nacional en la explotación
de la información pública, estableciendo condiciones comunes al licenciamiento de su uso
por parte de todas las Administraciones y entidades públicas del país e interoperabilidad
en la puesta a disposición de la información.

En el ámbito interno a la Administración y entidades públicas de la información pública, no existe norma reguladora de la reutilización (la Ley 37/2007 y Real Decreto 1495/2011 lo excluye). La disponibilidad de la información del sector público como bien común de todas las Administraciones, con las salvaguardas que obligue la legislación de protección de datos personales, combinada con fuentes de información externa disponibles, permitiría obtener réditos económicos derivados de la mejora de la productividad, combate del fraude fiscal y lucha contra la obtención no lícita de prestaciones sociales. Ello requeriría la habilitación procedimental de los mecanismos para compartir la información,
identificación de perfiles profesionales para su explotación analítica y el despliegue de una
infraestructura común de tratamiento masivo de información.

IMPACTO ECONOMICO:

En el ámbito de la explotación de la información del sector público por terceros, el
informe Vickery de la Comisión Europea estima en 40.000 millones de Euros anuales el
potencial económico de esta explotación en la Unión Europea. Dado que el peso
económico el PIB nacional en el PIB de la Unión Europea es un 8,5 % según datos de
Eurostat (2011), ello implicaría que la creación de las condiciones óptimas para la explotación por terceros de la información del sector público crearía una actividad
económica en España por valor de hasta 3.400 millones de Euros anuales.

Por su lado, el impacto económico de la explotación interna de la información pública de
modo masivo derivada de mejora de la productividad y lucha contra fraude fiscal y en
prestaciones sociales en la Unión Europea es evaluada por McKinsey Global Institute en
150.000 millones de Euros anuales en la Unión Europea. Esta estimación, extrapolada a
nuestro país en función del peso de su PIB en el conjunto de la economía Europea,
implicaría un potencial de ahorros en la Administración de hasta 12.750 millones de Euros.

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